El alguacil Clarke Jr. del condado de Milwaukee confirma, la marcha d e inmigrantes no cambiará su decisión de unirse al programa de ICE 287g

Se espera que los inmigrantes y aliados se unan en Milwaukee para una marcha en protesta de la decisión del alguacil Clarke Jr. del Condado de Milwaukee para unirse al programa de ICE 287g

Por H. Nelson Goodson
Hispanic News Network U.S.A.

9 de febrero del 2017

Milwaukee, WI – El jueves cuando fue contactado por Hispano News Network U.S.A. (HNNUSA), el alguacil David Clarke Jr. del Condado de Milwaukee dio a conocer en un breve comunicado en relación con la próxima marcha del inmigrante organizada y patrocinada por Voces de la Frontera (VDLF), organización para los derechos de inmigrantes y trabajadores en su intento por detener al alguacil Clark Jr. de unirse al programa de ICE 287g. El programa 287g ICE permitirá que los agentes del orden designados como policías locales, alguaciles y policías estatales que puedan ser entrenados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración una vez que el gobernador de Scott Walker (R) aprueba la asociación con la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas (ICE). ¿Será que la marcha del “Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados” pueda tener un efecto sobre el alguacil Clarke Jr.? El alguacil Clarke Jr. emitió el siguiente comunicado, la marcha “no significa nada para mí. El estado de leyes prevalecerá.”
De acuerdo con el alguacil Clarke Jr., el planea implementar el programa 287g ICE en la Oficina del alguacil (Sheriff) del Condado de Milwaukee. En 2012, el alguacil Clarke Jr. confirmó que la cárcel del condado ha estado en un acuerdo durante los últimos cinco años con los federales para mantener a los inmigrantes indocumentados en el marco del Programa de Asistencia al Extranjero Estado Criminal y el condado era reinburse alrededor de $135.000 en 2009. En 2008, el condado recibió al menos $60.000 bajo el programa, de acuerdo con el alguacil Clarke Jr.
En virtud del acuerdo anterior con ICE, la Oficina del alguacil del Condado de Milwaukee (Milwaukee County Sheriff’s Office – MCSO) tiene que comprobar la situación jurídica y el estatus legal de todas las personas que procesan en la cárcel que sospechan que son extranjeros ilegales e informar de sus resultados a ICE.
El lunes, 13 de febrero, múltiples negocios latinos se cerrarán a permitir que sus empleados se unan a la marcha patrocinada por VDLF. Le cuesta a VDLF por patrocinar una marcha organizada entre $5K a $15K que incluye permisos y escolta policial, dependiendo del tamaño de la marcha. VDLF desde 2006 han tenido mega marchas y en ningún tiempo han arrestado ninguna persona porque son pacíficas y envían un mensaje fuerte, pero en esta ocasión parece que el alguacil Clarke Jr. le vale poco.
VDLF no ha publicado ninguna información que será su siguiente paso para tratar de detener al alguacil Clarke Jr. de que aplique el programa de ICE 287g. Lo que el ha dicho que la marcha no le importará a él.
La aplicación de Trump 287g no proteje a los indocumentados con acceso de igualdad de protección de leyes porque los indocumentados no van a denunciar crímenes por miedo que los vayan a deportar.
En breve, la Oficina del alguacil del Condado de Kenosha genera por lo menos $6M por encarcelar detenidos del ICE, que sostienen la cárcel 1K internos. Mantener a los detenidos del ICE se ha convertido en un negocio lucrativo para prisiones privadas y cárceles del condados.
El ex presidente Barack H. Obama, también conocido como el “Deporter en Jefe” deportado casi 3M de inmigrantes indocumentados dentro de 8 años. Hasta ahora, Obama mantiene el récord de cualquier otro presidente de Estados Unidos de deportar a más inmigrantes indocumentados.
¿Que significa en realidad para el sector empresarial privado? Parece que el presidente Donald Trump favorece la proliferación de prisiones corporativas privadas para retener a los detenidos como un negocio lucrativo. Trump quiere que los organismos estatales y de condados locales alrededor de los EE.UU. que implementan la 287g, para detener todo inmigrante indocumentado con antecedentes criminales.
El miércoles, Guadalupe García de Rayos, de 36 años, se convirtió en la primera inmigrante indocumentada de ser deportada en Arizona bajo la orden ejecutiva de Trump para deportar a extranjeros criminales. En 2009, De Rayos fue condenada por delito grave el robo de identidad y trabajando ilegalmente. Vivio en el área de Phoenix por 21 años y deja una hija y un hijo atrás. Ambos son ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. De Rayos fue deportada a Nogales, México.
Obama trató de eliminar las prisiones privadas, pero fracasó. De acuerdo con un informe de 2015 por el Consejo de Asuntos Hemisféricos, prisiónes privadas de Corporaciones (PPC) generaron hasta $3B de dólares por detener presos del ICE. Se estima que 34.000 de los inmigrantes indocumentados son encarcelados diario que cuesta alrededor de $159 cada uno para sostener.
Estados pagan por la mayor parte de los costos para retener a los detenidos indocumentados de sus jurisdicciones y el gobierno federal reembolsará los estados alrededor de la mitad.
El Los Angeles Times informó en 2015, que a retener a los detenidos de ICE en una prisión privada, que cuesta entre $130 a $330 al día (por día) comparando con el uso de un brazalete de monitoreo electrónico para los detenidos de bajo riesgo en libertad condicional, que cuesta $5.00 al día ($155 por mes). Monitoreo brazalete electrónico en algunos estados también se realiza por BI Inc., una subsidiaria de la segunda más grande de PPC en el país.
En 2015, 9.300 inmigrantes indocumentados fueron puestos en libertad bajo palabra o un control. Además, 70.000 de los detenidos fueron acusados penalmente por entrada ilegal o re-entrada, lo que hizo la mitad de todos los presos federales.
PPC incluye el Grupo GEO, el sexto operación mayor de prisiones privadas, que opera 95 prisiones de los EE.UU. y en el extranjero y la Corrections Corporation of America, que opera 67 prisiones de los EE.UU., de acuerdo con un informe de 2016 por el folleto de Memphis.
¿Por que Congreso de Estados Unidos no ha aprobado una ley de reforma migratoria integral?, simplemente porque PPC han gastado más de $24 millones de dólares por año en costos de lobby para mantener las prisiones privadas en funcionamiento. Si mañana, se aprueba una ley para una reforma migratoria integral, PPC sin duda quedara fuera del negocio porque menos indocumentados detenidos estarían en las cárceles, algunos podrían argumentar.

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